La paradoja de la impunidad: el culpable, libre; el inocente, paga

Tres jóvenes entraron de noche en una farmacia, uno de ellos se robó un desodorante, los detuvieron y los consignaron por delito calificado. Los grandes agravios para el sistema penal fueron: nocturnidad, asociación delictuosa y robo. Es decir, coincidió que era de noche, eran amigos y uno robó un desodorante.

Vivieron seis meses en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande mientras se comprobaba su inocencia. Cinco meses después de su detención, el juez revisó el caso y lo calificó como “robo simple”, es decir, un delito que se purga con seis meses de prisión o se conmuta por una multa de 620 pesos. El reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco fue: “Una banda desmembrada”.

Ese desodorante nos costó 2,700 desodorantes; es decir, ocho mil pesos de averiguación previa, más dos mil del proceso penal y 140 pesos diarios de manutención por cada joven preso. O sea, 60 mil pesos cada uno. Así describe Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del ITESO, el problema de la administración de justicia en México, donde 70 por ciento de las personas privadas de su libertad es inocente. “La prisión preventiva es indebida, exorbitada, injusta y costosa”.

Otro es el caso de Toño Zúñiga, un joven que se dedicaba a reparar computadoras y vender video-juegos en un puesto callejero de Iztapalapa, en el Distrito Federal. Fue detenido al azar y sentenciado a 20 años de prisión por homicidio calificado. Un delito que no cometió.

La historia de Toño hilvana el guión del documental Presunto culpable, que se estrena el 11 de febrero de 2011, en el que dos abogados, Layda Negrete y Roberto López, videograbaron los juicios del joven y develan una historia desconocida del sistema de justicia: “El siguiente culpable podrías ser tú…”.

En México cada día 95 mil presuntos inocentes viven en las cárceles como presuntos culpables. De estos, 45 por ciento sale libre el día de su sentencia porque ya purgaron la pena, de acuerdo con información de Guillermo Zepeda.

“A las personas las acusan sin pruebas, las juzgan sin un juez y las condenan a casi todas. Esto sugiere que hay muy poca investigación y de muy poca calidad, por lo tanto, con la deficiencia de la investigación no puedes atrapar a los responsables y las personas inocentes pueden resultar condenadas”, dice Layda Negrete.

Elena, acusada de homicidio intencional, también es inocente. El problema fue que su esposo, en estado de ebriedad, la golpeó, la pateó y con el pico de una botella la hirió en un pie. Elena tomó un cuchillo y al defenderse se lo encajó al esposo en el muslo: para evitar que se desangrara le ató un cinturón a la pierna y le habló a una ambulancia. Murió en el hospital.

El caso fue litigado por miembros de la asociación Renace, quienes promovieron un amparo alegando legítima defensa; desahogaron pruebas sobre las agresiones que Elena sufría cada fin de semana cuando su esposo llegaba borracho, y lograron que el juez de amparo resolviera a su favor.

Su historia no es común. La impunidad del homicidio en México es alta. 70 por ciento de los casos queda impune, según cifras de Guillermo Zepeda.

Estas historias no sólo afectan la eficacia del sistema de justicia, también implican un alto costo para la política de seguridad nacional. En un análisis, Zepeda estimó que la prisión preventiva cuesta cada año 9 mil 700 millones de pesos. El Estado destina 140 pesos diarios a cada recluso, y la familia del preso 80 pesos por día para su defensa.

“El sistema de justicia en México es ineficiente, inequitativo. Está muy cargado a la autoridad del Ministerio Público. Le da pocas garantías a la víctima de obtener la reparación del daño o restituirle la seguridad; y al acusado le plantea serias dificultades para tener justicia pronta, seguridad dentro de los penales y dignidad en el trato mientras es acusado. Es [un sistema] obsoleto, sobrepasado, congestionado y enfermo”, describe Jorge Tejada Montaño, académico del iteso y representante de la universidad en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.

Él es defensor de otro caso en el que el acusado es  inocente: un joven vigilante de un estacionamiento público que fue detenido injustamente y procesado con pruebas falsas por un supuesto robo a casa habitación. Jorge presentó 16 pruebas que demuestran la inocencia de su cliente y el juez las desechó con el argumento de ser “una estrategia legaloide para evadir su responsabilidad”. El joven cuidador de coches sigue pagando una condena de nueve años en prisión. “Adentro del reclusorio perdió la salud y comenzó con adicciones”, denuncia el abogado.

Elena, Toño, los tres jóvenes y el cuidacoches rindieron su primera declaración en un lugar similar: una sala donde la atención se pierde con cada parpadeo. Alguien teclea su testimonio, más gente habla y la confesión se debilita entre la algarabía de otros que también intentan probar su inocencia.

En una de sus audiencias, Toño le preguntó al Ministerio Público que había integrado su caso: “¿Por qué me acusa?” La mp, con una mueca burlona, respondió: “Porque es mi chamba”. En otra audiencia, Víctor, el supuesto testigo del homicidio, se confundió con nombres y apodos, y descubrió que los “judiciales” le dieron el nombre de Antonio Zúñiga Rodríguez.

Expedientes judiciales sin resolver

En México, 93 por ciento de los presos nunca vio una orden de aprehensión, revela la Encuesta de Población en Reclusión, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide). “Toño, el protagonista de Presunto culpable, fue detenido supuestamente en ‘flagrancia’, simplemente porque un testigo [Víctor] lo señaló cuando caminaba a varias cuadras del lugar en que ocurrió el delito, casi 24 horas después de los hechos. El resultado es que la policía no necesita investigar para practicar arrestos”, según las estadísticas del sitio www.presuntoculpable.org

“Los interrogatorios son un lugar de enorme fragilidad y corrupción, es un lugar muy delicado y vulnerable donde deberías tener visibilidad”, sugiere Layda Negrete, estudiosa del derecho y el sistema judicial mexicano.

Una de las propuestas de esta investigadora es videograbar el primer encuentro, es decir, la audiencia de declaración preparatoria, que ocurre después de la detención. Su ambición no se conforma con reformas a un marco normativo integral, sino que propone los primeros pasos de políticas públicas que cambiarían el sistema de justicia por completo. “Las cámaras pueden dar visibilidad y cambiar la conducta de los funcionarios”.

La iniciativa puede instrumentarse desde ahora, pues no hay ley que lo prohíba, asegura Jorge Tejada. “Además de grabar, pediría que estuviera realmente presente el juez en esta audiencia de primer contacto”.

En 94 por ciento de las detenciones las personas no fueron llevadas ante un juez sino a una agencia del Ministerio Público o a un módulo de policía. La mitad de los internos en los reclusorios del país fue informada de los motivos de su detención hasta llegar a la agencia del Ministerio Público y 10 por ciento en el reclusorio. De los detenidos, 72 por ciento no fue informado de su derecho a no declarar, y en 70 por ciento de los casos, ni siquiera se les dijo que podían realizar una llamada telefónica. La mitad de los internos no contó con un abogado en el momento de la declaración.

Marcha contra la impunidad por el caso de la guardería abc.

La política de seguridad nacional

La realidad no cuadra con los recursos asignados para seguridad. La contradicción es que el presupuesto en este rubro se incrementa, pero no bajan los índices de violencia. 75 por ciento de los recursos para seguridad se va a los delitos menores.

En México se criminaliza el consumo de drogas y se le apuesta a la inversión de políticas en ese tema. De acuerdo con los estudios de Guillermo Zepeda, hay 12 mil traficantes tras las rejas, pero 87 por ciento de ellos es acusado de poseer drogas y sólo 13 por ciento es por tráfico, producción y comercio. “Se está criminalizando el último eslabón de la cadena y en eso se van muchos recursos”, asegura. Según sus cálculos: 11 mil pesos en la averiguación previa y 18 mil en el proceso penal, por cada persona.

“Sería muy peligroso que México, en esta marea de miedo y violencia, creyera que lo que necesita es nada más armarse hasta los dientes y soltar bombas. La violencia en México derivada del narco todavía es una violencia que no abarca ni el 10 por ciento de la violencia del país, el fenómeno delictivo está fuera del narco”, afirma Layda Negrete.

Las cifras de la impunidad

En un artículo de Miguel Carbonell, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, titulado “Corrupción judicial e impunidad: el caso de México”, describe las cifras que Guillermo Zepeda publica en su libro Crimen sin castigo. Procuración de justicia penal y Ministerio Público en México.

En un párrafo integra las estimaciones de la impunidad en el país. “La llamada ‘cifra negra’ (compuesta por los delitos efectivamente cometidos que no llegan al conocimiento de la autoridad) alcanza al 75 por ciento del total de delitos cometidos en México. En otras palabras, 3 de 4 delitos no se denuncian. Del 25 por ciento que sí son denunciados solamente se concluye la investigación ministerial en el 4.55 por ciento, pero se pone a alguna persona a disposición de los jueces solamente en el 1.6 por ciento del total de delitos cometidos. Es decir, de cada 100 delitos solamente 1.6 llega ante el conocimiento de un juez; las condenas judiciales alcanzan una cifra del 1.06 por ciento, lo que significa que la impunidad alcanza una horrorosa cifra del 99 por ciento”. m

El costo económico y social

Guillermo Zepeda realizó el estudio “¿Cuánto cuesta la prisión sin condena?”, como parte del proyecto Presunción de Inocencia en México de Open Society Justice Initiative. En él, escudriña las consecuencias económicas del uso de la prisión preventiva en el país. Basado en datos de mediados de 2006, devela que en ese año el costo anual de la prisión preventiva en México fue de 9.8 mil millones de pesos. Es decir, en ese tiempo equivalía al ingreso promedio anual de 91 mil familias y superaba, en 500 millones de pesos, el gasto federal anual en seguridad pública. Así lo describe Zepeda en su análisis.

Según el informe, el costo anual de la detención preventiva para el Estado era de 5.8 mil millones de pesos. Alrededor de 4 mil millones se destinaban a la gestión y la administración de las prisiones, incluyendo costos de alimentación, medicamentos y ropa para los detenidos.